Alternativas al Impuesto de Plusvalía Municipal

 En Derecho Fiscal, Derecho inmobiliario

El fallo del Tribunal Constitucional, en sentencia del 16 de febrero de 2017 y  adoptado por unanimidad del Tribunal, declaró inconstitucionales dos artículos de la Ley Foral que regula el Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente llamado Impuesto sobre la Plusvalía Municipal, que grava la revalorización de los inmuebles cuando éstos son vendidos.

El Impuesto sobre la Plusvalía Municipal es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos, en el caso de que se ponga de manifiesto que es a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos. Son los vendedores de los inmuebles los que están obligados a pagarlo a los municipios.

Para el cálculo de esta “plusvalía”, se tomaba como referencia el valor catastral del terreno en el momento de su compra, y se multiplicaba por el número de años transcurridos y por determinados porcentajes fijados por cada ayuntamiento. De esta manera, no se tenía en cuenta la ganancia o pérdida real que se producía en la transmisión, sino el aumento de valor experimentado en función de esta ecuación.

La pérdida de este impuesto por parte de las administraciones locales, ha obligado a buscar alternativas presupuestarias que faciliten a los municipios, seguir nutriendo sus arcas, de una manera menos agresiva para los contribuyentes.

Así la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha planteado dos propuestas para suplir este impuesto:

1º Propuesta: Se propone que la plusvalía se transforme en un impuesto a cuenta en el IRPF. Esta base tendría en cuenta el incremento real de valor (como en el IRPF) por la diferencia entre el “valor de transmisión” menos el “valor de adquisición”, extendiendo dicho incremento al valor de la construcción (y no sólo al suelo) y a los inmuebles rústicos (y no solo a los urbanos).

Para evitar la doble imposición, la cuota del impuesto sería deducible en los impuestos estatales. Esto significa que se gravaría la plusvalía como ya hace el IRPF: sería la diferencia entre la venta y la adquisición, la ganancia -o pérdida- en la venta del terreno, tanto urbano, el único que grava ahora la plusvalía, como rústico, y del inmueble y de la construcción. El ayuntamiento se llevaría la parte que se estipule y el resto sería para el Estado y las comunidades.

2º Propuesta: Se gravaría las plusvalías de menos de un año, consiste en modificar la base imponible para incluir unos coeficientes de variación del mercado inmobiliario del suelo para cada año y municipio, manteniendo la referencia al Valor Catastral. Estos índices los elaboraría probablemente el Catastro, y se actualizarían en los Presupuestos. El contribuyente tendrá la posibilidad de acreditar que no ha existido incremento de valor.

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