El Tribunal Supremo establece los límites sobre el impuesto de plusvalía

 En Derecho Fiscal

El fallo del Tribunal Constitucional, en sentencia del 16 de febrero de 2017 declaraba inconstitucionales dos artículos de la Ley Foral que regula el Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente llamado Impuesto sobre la Plusvalía Municipal, que grava la revalorización de los inmuebles cuando éstos son vendidos.

El Impuesto sobre la Plusvalía Municipal es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos, en el caso de que se ponga de manifiesto que es a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos. Son los vendedores de los inmuebles los que están obligados a pagarlo a los municipios.

Para el cálculo de esta “plusvalía”, se tomaba como referencia el valor catastral del terreno en el momento de su compra, y se multiplicaba por el número de años transcurridos y por determinados porcentajes fijados por cada ayuntamiento. De esta manera, no se tenía en cuenta la ganancia o pérdida real que se haya producido en la transmisión, sino el aumento de valor experimentado en función de esta ecuación.

La sentencia del Tribunal Supremo de este 9 de julio de 2018, ha aclarado hasta qué punto son inconstitucionales determinadas normas legales fijadas por el Tribunal Constitucional, en las que se basa la exigibilidad del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), resolviendo de este modo sobre cuándo es posible reclamar la devolución de la plusvalía.

El Tribunal Supremo ha puesto fin a la polémica sobre la diversidad de soluciones dadas por los tribunales, según la comunidad autónoma de origen, a las reclamaciones de los ciudadanos solicitando la devolución de dichas plusvalías pagadas durante los últimos cuatro años.

En esta sentencia, la Sala de lo Contencioso resuelve un recurso contra, precisamente, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón. El Alto Tribunal concluye que la interpretación dada por el tribunal de instancia es correcta y descarta por tanto la posibilidad de que el demandante (el BBVA) recupere el dinero pagado como plusvalía (más de 137.000 euros) por la venta de su inmueble. Además, declara que es el obligado tributario el que debe probar la inexistencia de incremento de valor para evitar el pago del impuesto o, en su caso, reclamar su devolución.

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