La morosidad constituye un aprovechamiento económico para el deudor

 En Derecho concursal, Derecho mercantil

La interpretación de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de febrero de 2011, ha sido el objeto de la decisión prejudicial tomada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Este organismo determina que la morosidad constituye un incumplimiento de contrato, convirtiéndose en un hecho económicamente provechoso para los deudores. En la mayoría de los Estados miembros existen bajos intereses aplicados o incluso, la no aplicación de intereses a los pagos, lo que incurre en la demora o lentitud de los procedimientos de recurso.

Es por ello que el Alto Tribunal europeo persigue con esta decisión:

  1. Un cambio decisivo hacia una cultura de pago sin demora, que prevea, entre otras cosas, que la exclusión del derecho a cobrar intereses sea siempre considerada una práctica o una cláusula contractual manifiestamente abusiva, para invertir esta tendencia y desalentar la morosidad.
  2. La introducción de disposiciones concretas sobre los plazos de pago y la compensación a los acreedores por los costes en que hayan incurrido así como, entre otras cosas, la indicación de que la exclusión del derecho a una compensación por los costes de cobro debe presumirse manifiestamente abusiva.

El objeto de la Directiva mencionada es la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales a fin de asegurar el funcionamiento adecuado del mercado interior, fomentando de este modo la competitividad de las empresas y, en particular, de las PYME.

Dicha Directiva entiende por “operaciones comerciales” las realizadas entre empresas o entre empresas y poderes públicos que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación.

El Tribunal de Justicia recuerda que, según reiterada jurisprudencia, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme.

Fuente: Economist&Jurist

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